Bertazza Nicolini Corti

A través de las leyes 27063 y 27482 se aprobó el denominado CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, cuyo texto ordenado fue dado por el Dto. 118/19.

El régimen penal tributario atribuye responsabilidad a las sociedades y a las personas humanas que hayan intervenido efectivamente en el hecho, señalando a tales efectos a directores, gerentes, miembros de consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados.

En el marco de un proceso penal, cuando el fiscal o el juez, según los distintos códigos procesales del país, considere que cuenta con elementos suficientes para imputar concretamente un hecho a un sujeto, deberá notificarlo de esta situación y eso hará nacer el derecho a defenderse.

El art. 67 del Código Penal establece que la prescripción se interrumpe solamente por las cinco causas que, expresamente define, entre la que se encuentra la comisión de otro delito (inc. a).

El instituto de reparación integral del daño, previsto en el art. 59 inc. 6) del Código Penal revela que la justicia ha receptado su aplicación en ciertos casos, incorporando una vía alternativa de solución de conflictos, así como la instauración de un criterio de oportunidad, los cuales fueron algunos de los extremos a través de los que se estructuró la reforma del ordenamiento procesal penal federal.

El régimen Penal Tributario es muy clara al establecer, en su artículo 13 que “Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz”.

La utilización de facturas apócrifas por parte de los contribuyentes constituyen el medio por el cual se pueden cometer evasiones fiscales, en el impuesto a las ganancias, IVA y salidas no documentadas, según el caso, sirviendo además como elemento calificante de la evasión agravada.

El juicio abreviado es un procedimiento para aportar celeridad al proceso penal, cuyo objetivo es evitar comparecer en el juicio oral y público.

El SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) creado por el art. 87 del Dto. 2284/91, se integra con cinco subsistemas, dos de los cuales son el previsional (SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino) y el de obras sociales, regidas por la ley 23660.

Muchas veces se presenta en la práctica requisas personales o en automóviles, que generan problemas interpretativos sobre sus límites legales.